La infraestructura pública es, muchas veces, una deuda silenciosa. Está en el tráfico que no avanza, en los servicios que fallan, en las comunidades sin agua o en las escuelas que no se terminan. América Latina arrastra este déficit desde hace décadas, y República Dominicana no es la excepción. Invertimos poco, ejecutamos con dificultad y gestionamos con limitaciones.

Frente a este panorama, las alianzas público-privadas (APP) han surgido como una alternativa para construir y operar proyectos esenciales con mayor eficiencia. Pero una APP no es una solución mágica, ni un simple contrato. Es un acuerdo complejo, que debe pensarse con seriedad desde el interés público y con visión de largo plazo.

Una de las preguntas centrales en todo proyecto es: ¿Quién paga? ¿El Estado, los usuarios o ambos? No hay una única fórmula, pero sí principios claros. Las decisiones deben considerar la equidad, la sostenibilidad fiscal y la capacidad real de pago de la población. A veces será el Estado quien cubra el servicio mediante pagos por disponibilidad; en otros casos, se podrá cobrar una tarifa. El desafío está en encontrar el equilibrio correcto, sin improvisar.

También es importante distinguir los distintos tipos de APP. No es lo mismo construir una autopista que operar un sistema de autobuses. Las APP de obra requieren grandes inversiones al inicio y plazos largos para recuperar la inversión; los riesgos están sobre todo en la construcción y el financiamiento. En cambio, las APP de servicios se centran en la operación y el cumplimiento de estándares de calidad, con contratos más cortos y riesgos distintos. Diseñar bien una APP es entender bien su naturaleza.

Ningún proyecto debe avanzar sin una evaluación rigurosa. ¿Vale la pena hacerlo como APP?

¿Qué beneficios ofrece frente a una contratación tradicional? Para responder estas preguntas se deben aplicar herramientas concretas: análisis de valor por dinero, simulaciones financieras y fiscales, estudios de demanda, de riesgos, de impacto social. Evaluar bien no es un obstáculo; es una forma de proteger los recursos públicos.

Y no basta con estructurar bien un contrato. Una APP debe gestionarse activamente durante toda su vida útil. Esto implica monitorear, corregir, hacer cumplir. Por eso, el rol del Estado no desaparece con la participación privada. Al contrario, exige más capacidad técnica, más vigilancia y más responsabilidad. Un proyecto mal supervisado, por muy bien diseñado que esté, termina fallando.

La transparencia es otro elemento central. La ciudadanía debe saber cuánto costará el proyecto, quién lo ejecutará, qué se espera lograr, cómo se medirá el desempeño. La confianza se construye con información clara, decisiones justificadas y procesos abiertos.

En República Dominicana, contamos ya con un marco legal (Ley 47-20) y una institucionalidad que permite avanzar. Pero aún falta camino por recorrer. Necesitamos mejores procesos, más capacidad técnica en el sector público y una visión estratégica que coloque a la infraestructura como motor de desarrollo, no como simple gasto.

Todos estos temas se abordan con profundidad en el Manual de Gestión y Financiación Privada de Infraestructuras y Servicios Públicos: un enfoque práctico para la República Dominicana, que será presentado el próximo 9 de junio en la Universidad del Caribe. A partir de este manual se ha estructurado el Diplomado en APP que impartirá esta universidad a partir de septiembre.

El autor es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Autor del Manual de Gestión y Financiación Privada de Servicios Públicos y coordinador del Diplomado en APP de la Universidad del Caribe.